Arrendamientos: gastos generales y de servicios individuales

Arrendamientos: gastos generales y de servicios individuales

En los contratos de arrendamientos actuales, suscritos con la ley del 94, ninguna duda puede caber en que además de la renta, el inquilino está obligado al pago de los gastos con los que cuenta la vivienda, como son los originados por los suministros de agua y electricidad.

Estos gastos por tanto no son  generales para el adecuado sostenimiento del inmueble en donde se encuentra el piso arrendado, sino que son particulares del inquilino conforme al uso que de ellos quiera hacer.

Los importes de los mencionados conceptos de suministros, por ejemplo, agua y luz, pueden ser repercutidos siempre que hubiesen sido pactados. Solo en el caso de que los mismos no estén individualizados, por estar girados a la Comunidad de Propietarios, o al propietario del edificio, es cuando entra en vigor el artículo 20 de la LAU.

Por el contrario cuando el sujeto pasivo de la tasa o impuesto fuese el propietario de la vivienda arrendada, individualmente considerada, ninguna especificación deberá hacerse sobre el importe anual a la fecha del contrato, siendo imprescindible pero suficiente el pacto de la obligación de pago de los mismos que asume el arrendatario frente al arrendador.

La ley establece que las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o sus servicios sean de cargo del arrendatario.

En edificios de Régimen de Propiedad Horizontal, tales gastos serán los que correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación.

En los edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, tales gastos serán los que se hayan asignado a la finca en función de su superficie.

Para la validez de estos pactos deberán constar siempre por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato.

Por tanto el arrendador podrá repercutir en el arrendatario el importe de los costes y servicios y se exceptúa el supuesto en que por pacto expreso de las partes, todos estos gastos sean por cuenta del arrendador.

El arrendador en estos casos puede repercutir en el arrendatario, el gasto de los costes establecidos en el contrato, como pueden ser por ejemplo los gastos de comunidad.  El hecho de no haber exigido anteriormente su pago, no significa una renuncia tacita a su derecho de repercusión, ni mucho menos, la prescripción del derecho.

Actualmente lo ordinario es que se pacten el contrato de arrendamiento, quien asumirá los gastos derivados de los servicios, con los que cuenta la vivienda.

Las cláusulas de los contratos establecen ordinariamente que los gastos generales del inmueble y demás responsabilidades no susceptibles de individualización, sean por parte del arrendatario.

Por tanto y en consecuencia la obligación del pago del arrendatario nace de la misma utilización de los servicios, aun cuando para la determinación de su importe sea preciso el disponer de las facturas correspondientes de las empresas que suministran estos servicios.

 

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