Convenios reguladores firmados en fraude de un cónyuge

 

Convenios reguladores firmados en fraude de un cónyuge

En ocasiones los Convenios Reguladores firmados por los esposos contienen particiones y adjudicación de bienes en los que se omiten algunos inmuebles o se da valores completamente erróneos a los mismos, lo que puede significar un claro perjuicio económico para uno de los cónyuges.

En estos casos la persona agraviada habrá sufrido lesiones valorativas generadas en su liquidación de la Sociedad de Gananciales.

Estos agravios pueden celebrarse igualmente cuando los cónyuges hayan puesto fin a su patrimonio por medio de Capitulaciones Matrimoniales o en un Convenio Regulador que haya sido homólogo judicialmente.

La Jurisprudencia viene admitiendo para estos casos la posibilidad del ejercicio de la acción de rescisión por lesión en el Convenio Regulador, aunque éste haya sido aprobado judicialmente y sin que sea óbice alguno tal homologación, que no lo despoja en ningún momento de su naturaleza de contrato privado.

Aun cuando las Sentencias Judiciales suelen ser muy restrictivas en cuanto a la admisión de pretensiones de invalidez de las particiones, ya que suelen declarar la necesidad de respetar en la medida de lo posible las operaciones practicadas, limitan la invalidez de las mismas a los casos en que no exista otro remedio para restablecer el orden jurídico conculcado.

Lo anterior sucede cuando se ha incidido en defectos enormes o sustanciales y con una grave lesión económica para una de las partes.

En estos casos la acción rescisoria por lesión operará como un mecanismo legal que permitirá corregir aquellos desequilibrios económicos que sean injustificados en la partición del haber ganancial.

Para que prospere una acción rescisoria por lesión debe probarse previamente la existencia de la misma, la cual necesitará ser como mínimo un 25% de lesión de la totalidad de los bienes que se repartieron en su momento.

El momento de valoración de los bienes a efectos de determinar la lesión es el referido a la adjudicación y la acción deberá ser ejercitada dentro de un plazo de caducidad de cuatro años.

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