Incapacidad temporal y rechazo del tratamiento medico

Incapacidad temporal y rechazo del tratamiento medico

La Ley General de la Seguridad Social establece que cuando el beneficiario sin causa razonable rechace o abandone el tratamiento médico que le fuese indicado le podrá ser denegada, suspendido o anulado el subsidio por incapacidad temporal.

El problema que se suele plantear en la práctica reside en si para no incurrir en pérdida del derecho a la baja, el beneficiario tiene que pasar obligatoriamente por someterse a una intervención quirúrgica agresiva, y si esta es negativa puede considerarse como causa razonable.

Los Tribunales han entendido que puede resultar razonable el rechazo del paciente a someterse a una operación quirúrgica agresiva, cuando no se deja constancia del margen fiable del resultado y mucho más si existen otras posibilidades de actuación de una menor agresividad.

En otras ocasiones han declarado que la negativa del paciente a someterse a esta intervención no puede acarrear la pérdida del derecho a las prestaciones por invalidez permanente, cuando se aporta información sobre los riesgos de la cirugía y no existe información suministrada por los Servicios Médicos respecto de los posibles riesgos que se deriven de tal intervención y las posibilidades de recuperación y mejoría subsiguientes a la intervención quirúrgica.

Una cosa es rechazar de manera injustificada un tratamiento médico prescrito y otra negarse a una intervención quirúrgica que como tal no está exenta nunca de riesgos, pues el principio de libre elección del enfermo debe gozar de protección sin que una intervención pueda ser impuesta contra la voluntad del paciente.

Los Tribunales Superiores de Justicia han ido perfilando el tema en el sentido de declarar el respeto más absoluto a toda negativa para someterse a un determinado tipo de tratamiento quirúrgico, partiendo del principio moral de no imponer riesgos a quienes a ello no se prestasen.

Es evidente que toda intervención quirúrgica es arriesgada y nunca puede asegurarse que su resultado satisfactorio.

Por tanto, ante una situación de negativa es la propia Seguridad Social la que debe demostrar la irracionabilidad de la decisión del enfermo puesto que existe el derecho constitucional a la integridad física de la persona y se puede considerar razonable un rechazo cuando haya dudas sobre la eficacia del tratamiento u operación quirúrgica.

Mucho más si la intervención quirúrgica no aporta nada o cuando hayan tenido resultado negativo las practicadas con anterioridad.

El Derecho Fundamental a la integridad física de la persona ha sido analizado por Sentencia del TS de 25 de Marzo del 1996, en donde se denegó la libertad condicional a un interno de Centro Penitenciario, pese a tener este una enfermedad grave e incurable, con el pretexto de que debía someterse a una intervención quirúrgica agresiva aunque la misma tuviese riesgos importantes.

El Alto Tribunal mantiene en esta Sentencia que derecho a la integridad física o moral no consiente el que se imponga a alguien una asistencia médica en contra de su voluntad, cualesquiera que fuesen los motivos de esta negativa.

Concluye el TC afirmando que la decisión de permitir una agresión de esa envergadura aunque sea con finalidad curativa es personalísima y libérrima, formando parte inextinguible de la protección de la salud como expresión del derecho a la vida, recordando que en la esencia de nuestro ordenamiento jurídico está el principio inviolable de la dignidad del ser humano que nunca puede perderse de vista por los Tribunales de Justicia ni por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Fdo. José Alberto Andrio Espina

 

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