Invalidez ¿cabe hablar de silencio administrativo?

INVALIDEZ: ¿CABE HABLAR DE SILENCIO ADMINISTRATIVO?

La Administración está obligada en todos los procedimientos, a dictar una Resolución Expresa  y a notificársela al interesado.

No obstante existen casos de falta de actividad por parte de la Administración, en los que la ley sustituye por si misma esa voluntad inexistente, presumiendo que a ciertos efectos, ésta se ha producido con un contenido que puede ser favorable o desfavorable al interesado.

La actual Ley de Procedimiento Administrativo, prevé como regla general el silencio positivo salvo cuando una norma con rango de Ley o Directiva de Derecho Comunitario establezca lo contrario.

Se invierte de esta forma la justificación tradicional de silencio, ya que pasa de ser una ficción legal que permite al interesado el acceso al proceso Judicial, a configurarse como un Acto Administrativo Presunto.

Con lo anterior se trata de evitar que la falta de respuesta de la Administración, que no deja de ser indeseable, pueda causar perjuicios al ciudadano y asimismo equilibrar los intereses en presencia, ya que normalmente debe de hacerse valer el interés de quien ha cumplido con la obligaciones legalmente impuestas.

La Ley señala en los casos de Calificación de Incapacidad Permanente, que cuando la resolución no se  dicte en el plazo de 135 días la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativa, en cuyo caso el interesado puede acudir a la Jurisdicción laboral mediante la correspondiente Demanda.

Derivado de lo anterior es que en los Procedimiento de Incapacidad instados a solicitud del trabajador, una vez rebasado los 135 días sin obtener resolución administrativa, se puedan entender desestimados, aunque el INSS siempre puede dictar una resolución fuera de plazo y sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Sin embargo cuando los procedimientos se han iniciado de oficio por la propia Administración Social la Ley establece que el cumplimiento del plazo máximo sin notificar una resolución expresa, no exime a la Administración de la obligación legal de resolver.

Jose Alberto Andrío

aa-indemnizaciones.com

 

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