La patria potestad o el derecho a decidir de los padres

La patria potestad o el derecho a decidir de los padres

La Patria Potestad en el derecho positivo español es una función al servicio de los hijos, que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres, encaminados a prestarles asistencia de todo orden y siempre preservando el interés superior del niño.

Nuestro Código Civil establece que ésta  se ejercerá conjuntamente por ambos padres o por uno solo con el consentimiento expreso o táctico del otro y serán validos todos los actos que realice uno de ellos conforme a los usos sociales y a las circunstancias existentes en cada momento o  también en situaciones de urgente necesidad.

La patria potestad se configura más que como un poder de los progenitores, como una función establecida en beneficio de los hijos, intentando fortalecer la protección de los pequeños, su educación y formación.

Este derecho puede en determinados casos restringirse o suspenderse e incluso privarse de él a un progenitor por Ministerio de la Ley, cuando sus titulares, por una u otra razón, no asumen las funciones inherentes a la relación paterno filial, o las ejercen con grave desacierto y perjuicio para sus hijos.

La Patria Potestad afecta tanto a la esfera personal como a la patrimonial de los menores y tiene un carácter esencialmente protector.

Es completamente diferente del concepto de guarda y custodia, aunque en muchas ocasiones se confunden y solapan ambos términos como sinónimos.

La custodia no es más que la tenencia material física o compañía de los hijos.

Ahora bien la realidad social y la complejidad de cada caso, hacen que se la considere como un concepto jurídico indeterminado y que en ocasiones sea difícil determinar con exactitud qué actos o decisiones entran dentro de la custodia ordinaria y cuáles deben ser considerados como extraordinarios o decisiones de mayor trascendencia de la vida del menor y que por tanto entren dentro de la Patria Potestad.

En el ejercicio de ésta, ambos padres  deben decidir de común acuerdo y en su defecto acudir al órgano judicial para las cuestiones que no sean rutinarias o habituales de los pequeños, tales como la elección o cambio de centro escolar, los cambios de residencia que los aparten de su entorno habitual o que influyan en la relación de los hijos con el padre no custodio.

Igualmente entrarán dentro de este concepto de patria potestad los tratamientos médicos, ortodoncias, vacunas no obligatorias, tratamientos de quimioterapia, rehabilitaciones quirúrgicas o psicológicas, que quedan fuera de una asistencia médica puntual, ordinaria o menor.

Ambos progenitores deben de estar al corriente de cualquier información escolar relativa a los menores, y el Centro Educativo  debe informar a ambos progenitores por igual, tanto en las reuniones con los tutores, como en los boletines de notas, aplicación de sanciones o absentismo escolar.

Lo mismo podemos decir de los Centros de Salud, historias clínicas, diagnósticos, ingresos hospitalarios o cualquiera otra circunstancia relativa a la salud de los menores.

La atribución de la guarda y custodia, supone para el cónyuge que la tenga atribuida la obligación de mantener informado al progenitor no custodio de forma puntual y periódica sobretodos los aspectos relevantes de la vida del pequeño, así como permitir su comunicación con el otro padre que no tenga atribuida la custodia.

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